Foto: Marcha
Por Laura Salomé Canteros. El proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo está en agenda de la comisión de Legislación Penal de Diputados. Entre estrategias dilatorias y la lucha a favor en las calles, una responsabilidad que se omite: la muerte de mujeres por abortos inseguros.
La estrategia de Patricia Bullrich funcionó. Y con ella, la de quienes ocupan bancas y eligen omitir sus responsabilidades institucionales, políticas y sociales para legislar alrededor de una demanda que lleva décadas: el reconocimiento para las mujeres del derecho al aborto. La reunión de la comisión de legislación penal de la cámara baja del Congreso nacional, prevista para ayer a las cinco de la tarde, y en la que se suponía se trataría el dictamen –paso necesario para el debate sobre tablas del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo-, no obtuvo quórum. Su presidenta, Patricia Bullrich (Unión PRO), comunicó que la misma tuvo carácter de audiencia pública ya que, mediadas las tres de la tarde, de los/as once diputados/as necesarios/as, solo había nueve.
Afuera del anexo parlamentario, cientos de activistas y decenas de organizaciones que acompañan el reclamo se congregaron en un ritual de cánticos y batucadas en forma de exigencia que cada vez nuclea más apoyos. En las redes sociales también hubo manifestaciones en favor de que se concrete el debate parlamentario y en algunos soportes de prensa hegemónicos, hasta hubo tiempo de no dejar que el tema pasara desapercibido haciéndose eco de las declaraciones y la carta pública de Patricia Bullrich, como parte de una estrategia de victimización –y ¿adoctrinamiento ideológico y partidario?- funcional a la derecha reaccionaria, y que redundó en que el tratamiento mediático de la cuestión del aborto siga siendo percibido como un tema que divide a la sociedad en dos bandos irreconciliables y para el que hay que esperar el “momento oportuno” para su reconocimiento y sanción legislativa.
De estrategias parlamentarias, ¿dilatorias?
A sala llena la audiencia comenzó pasadas las 17. Al debate sobre si hubo o no quórum y ante la denuncia de parte de algunos diputados y diputadas e integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de que Patricia Bullrich fue la responsable de no validar reglamentariamente a la reunión que permitiera alcanzar el dictamen de mayoría –que por otro lado, no hubiera sido posible por la ausencia de varios/as diputados/as integrantes de la comisión-, la diputada Ivana Bianchi (Compromiso Federal), sumó una estrategia claramente dilatoria, la de exigir el giro del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo a una comisión más, la de presupuesto y hacienda, argumentando que años anteriores se había procedido de esta forma. Esto significaría que, en vez de necesitar el proyecto tres dictámenes de mayoría para llegar al debate en el recinto parlamentario, necesite de cuatro.
Si bien la presidenta de la comisión dijo “tomar nota” del pedido de Bianchi y anticipó que hablará con la primera firmante del proyecto, la diputada Adela Segarra (Frente Para la Victoria) para “plantear el giro”, otra de las estrategias parlamentarias que mencionó fue el llamado a un plenario de comisiones una vez concluidas las reuniones de legislación penal. En ese caso, la posibilidad de que haya por lo menos un dictamen de mayoría se vería diluido ya que deberá pasar también por las comisiones de familia (…), que preside Felipe Solá (del Frente Renovador, único bloque que no apoya el proyecto de la Campaña) y salud, presidida por Andrea García (del Frente Para la Victoria pero cercana a Julián Domínguez, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y amigo personal de Jorge Bergoglio).
El poder de policía del Estado que cae sobre las más vulnerables
La audiencia tuvo la dinámica de lista de oradores y oradoras, quienes, en favor de los derechos de las mujeres y en contra de ellos, argumentaron acerca de la importancia de debatir y sancionar una ley que podría mejorar la calidad de vida para las mujeres y toda la sociedad por un lado; o sostener un sistema avalado por el Estado de discriminación, punición, criminalización y maternidad obligatoria por el otro.
“Pedimos que se garantice el derecho al aborto legal, seguro y gratuito y que la mujer nunca sea penalizada”, sostuvo Marta Alanis, titular de la asociación civil Católicas por el Derecho a Decidir, quien además en respuesta a dichos precedentes de que el aborto es “la muerte generalizada y masiva” y que por lo tanto legalizarlo constituiría un “genocidio” remarcó que “es imposible negar la convicción humanista que tiene la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Hace más de diez años que venimos trabajando y hoy contamos con el apoyo de más de 300 organizaciones y la firma de más de sesenta diputados y diputadas que apoyan nuestro proyecto de ley”.
Alanis además se refirió a las desigualdades sociales que materializa el aborto, “las que tienen dinero abortan seguras, y las que no, corren riesgo en su salud o de vida (…) algunas quedan con gravísimas consecuencias, y otras mueren. La maternidad obligatoria es violencia y todas las mujeres tenemos derecho a una vida plena”.
Para el diputado Manuel Garrido (UCR) y secretario de la comisión de legislación penal, “estamos (como Estado) avalando una norma punitiva” que “discrimina a mujeres jóvenes y pobres”, que son las que mueren por abortos inseguros. Hizo hincapié en la construcción de un sistema integral de leyes que garanticen “el derecho a la intimidad, a la no imposición y a la planificación de la vida” de las mujeres y alertó sobre la preocupación que debería generar el sostenimiento de la penalización del aborto en los artículos 85 y 86 del Código Penal que causa “más perjuicios que beneficios en los social”, llamando la atención acerca de que “no puede ser que el Congreso no emita una ley cuando hay mujeres muriendo”.
Para Leonardo Grosso (Frente Para la Victoria) “no podemos resolver un problema social con la policía”. Durante la audiencia sostuvo que “en Argentina mueren miles de mujeres por aborto clandestino” y que “solo hace falta caminar por los barrios para saberlo”. Argumentó que como “la política está para hacerse cargo de los problemas de la gente”, el debate por el derecho al aborto “debe estar acá” (en el Congreso) y concluyó, “las mujeres debaten sobre esto en los Encuentros Nacionales, ahora nosotros (refiriéndose a las y los legisladores) debemos asumir la responsabilidad política de la discusión, porque ante situaciones concretas quieren mandarle la justicia y la policía a las compañeras”.
El derecho al aborto en el Congreso, ¿un trámite express?
Uno de los argumentos que explicitó la diputada y presidenta de la comisión de legislación penal, Patricia Bullrich, en sus declaraciones mediáticas de los últimos días fue que el tratamiento del proyecto de ley que despenalizaría y legalizaría el aborto era “express” sosteniendo que “no se puede dictaminar de un día para otro”.
A esto, le respondieron durante sus intervenciones diferentes diputados/as que tomaron la palabra como por ejemplo Leonardo Grosso, quien argumentó que éste “no es un trámite express ya que este proyecto (y similares) se viene(n) presentando desde hace más de diez años”, y Mara Brawer (Frente Para la Victoria), quien recordó que fue la misma Bullrich quién en 1994 presentó en el Congreso como integrante del Partido Justicialista el proyecto de “régimen de interrupción voluntaria del embarazo por la mujer” junto a Graciela Fernández Meijide del Frente Grande.
Con la lucha como historia y horizonte
Para el diputado Nicolás Del Caño (PTS- Frente de Izquierda) el que el debate sobre el aborto haya llegado al Congreso es “un producto de la lucha del movimiento de mujeres”; y muchas de las intervenciones en favor del derecho al aborto recuperaron la importancia histórica de la demanda y de la contemporánea movilización callejera en la obligación del debate; por ejemplo, para Victoria Donda (Libres del Sur) “es urgente y necesario que se discuta el proyecto en el recinto”. También para la legisladora porteña mandato cumplido, María José Lubertino, quien dijo, “los argumentos están sobre la mesa desde hace mucho” y para debatir y sancionar sólo hay que “abandonar la visión paternalista que el sistema médico, el poder judicial y el poder legislativo” tienen sobre el aborto y sobre las mujeres.
En su alocución, Lourdes Bascary, abogada y quien habló en representación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), dijo que en nombre de las “miles de mujeres que le han puesto el cuerpo a esta demanda, existe una necesidad y una obligación (de parte del Estado argentino) de debatir” el proyecto de aborto legal, seguro y gratuito, y que, al no hacerlo está vulnerando derechos, en este caso de las mujeres y que la causa principal es “la penalización del aborto”. “Cuando un Estado no acciona, está incumpliendo. (…) El respeto y la protección de los Derechos Humanos avalan este debate”, sostuvo.
Al finalizar la audiencia las y los diputados Donda, Garrido, Grosso y Del Caño, firmantes del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo de la Campaña, anticiparon que presentarán una carta conjunta exigiendo antes del 20 de noviembre el dictamen de mayoría de la comisión de legislación penal. Mientras tanto, el próximo martes habrá una nueva reunión.